La atención nacional en torno al asesinato de Jocelyn Nungaray, de 12 años, ha llevado al juez a considerar la posibilidad de limitar la difusión de información para proteger la integridad del caso.

El 11 de septiembre, el juez Josh Hill pidió a las partes implicadas que cumplieran las normas relativas a la ética profesional al hablar sobre el caso de asesinato de Nungaray, una niña de 12 años asesinada en Houston en junio presuntamente por dos ciudadanos venezolanos, Johan José Martínez Rangel, de 22 años, y Franklin José Peña Ramos, de 26 años.

No llegó a emitir una orden formal de silencio contra la fiscal del condado de Harris, Kim Ogg, los empleados de su oficina y las fuerzas del orden.

Ogg ha culpado al maltrecho sistema de inmigración de la muerte de Jocelyn y ha calificado a los sospechosos de monstruos.

En agosto, los abogados del acusado Peña Ramos, Lisa K. Andrews, Daniel J. Werlinger y Cary H. Higginbotham, solicitaron una orden de silencio para impedir que Ogg, su oficina y las fuerzas del orden hicieran comentarios sobre el caso.

En sus alegatos del miércoles, acusaron a Ogg de politizar la inmigración. Argumentaron que la orden de silencio garantizaría el derecho a un juicio justo.

Hill dijo que su autoridad se limitaba a restringir que las partes hablaran sobre el caso. Dijo que no limitaría el acceso de los medios de comunicación al juicio ni impediría que la familia hablara.

No accedió a la petición de la defensa de una orden de silencio. En cambio, dijo que estaba redactando una orden para exigir a las partes que cumplieran las normas preestablecidas de conducta profesional al hablar del caso. 

“Mi única petición, y no orden, sería que todo el mundo sea consciente de que cualquier difusión pública de información puede tener potencialmente un impacto en el proceso penal y en la inviolabilidad de los procedimientos que tenemos aquí.

“No voy a decirle a nadie que no puede compartir su dolor”, continuó Hill.

Mario Madrid, uno de los abogados defensores de Martínez Rangel, declaró a los medios de comunicación tras el proceso que quería que su cliente se enfrentara a un juicio justo. 

“No queremos que este proceso se politice”, dijo Madrid. “Queremos un jurado justo, y no podemos conseguirlo con gente discutiendo el caso cuando no tienen ningún hecho o prueba al respecto”.

La familia de Nungaray, incluida su madre Alexis Nungaray, asistió el miércoles a la vista con camisetas con su foto. ” Mírale la cara”, gritó uno de ellos a los acusados a la salida de la sala. 

La familia no se dirigió a los medios de comunicación tras la sentencia del juez. La oficina de Ogg declinó hacer comentarios sobre el caso tras el fallo.

Alexis Nungaray habló previamente en un mitin de la campaña de Trump, abogando por políticas de detención de inmigrantes más estrictas que ella cree que podrían haber salvado la vida de su hija.

Joe Vinas, abogado y presidente de la Asociación de Abogados Criminalistas del Condado de Harris, dijo que será difícil encontrar un jurado justo, y funcionarios como Ogg no deberían hacerlo más difícil hablando de los sospechosos como si ya fueran culpables.

“El momento de convencer a la gente de que estos dos individuos son culpables de los delitos de los que se les acusa llega cuando estén en el tribunal y cuando estén siendo juzgados. No ahora”, dijo Viñas.

Aún no se ha fijado fecha para el juicio. 

La situación migratoria de los sospechosos ha puesto el caso en el punto de mira nacional en un año electoral en el que la inmigración ha ocupado un lugar central. Los delitos cometidos por inmigrantes también se convirtieron en un tema clave durante el debate presidencial del 10 de septiembre. Trump afirmó que la delincuencia había aumentado y que los inmigrantes han “destruido el tejido de nuestro país”. Los datos del FBI muestran que la delincuencia ha disminuido bajo el gobierno de Biden.

Debido a la tensa relación diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, no está claro si los acusados tenían antecedentes penales en su país de origen.

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